La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó dar efectos generales a su sentencia que declaró inconstitucional el acuerdo del 22 de noviembre de 2021, con el cual, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenaba la reserva de la información de las obras emblemáticas de su administración y las clasificaba de seguridad nacional y de interés público.

Con seis votos a favor, el Pleno avaló la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara Carranca de eliminar totalmente el acuerdo, por lo que los ciudadanos podrán solicitar la información que requieran sobre dichas obras, y no podrán negárselas bajo el argumento de que se trata de información de seguridad nacional.

Los efectos de la sentencia tendrán validez una vez que el Ejecutivo Federal y las secretarías de estado sean notificados del fallo oficialmente.

El Pleno de la Corte se enfrascó en un debate de casi una hora y media para fijar los efectos de la sentencia dictada el jueves pasado, donde declaró inconstitucional dicho acuerdo, tras resolver la controversia constitucional que promovió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La discusión derivó porque no se determinaba si los efectos tenían que ser entre partes, es decir, entre el INAI y el Ejecutivo Federal, y si las secretarías federales estaban obligadas a brindar a particulares la información que solicitarán, por ejemplo, del Tren Maya, o de otra obra emblemática.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien votó en contra de la propuesta de Alcántara Carrancá, consideró que la declaratoria de invalidez del acuerdo era solo para el INAI, organismo al que se le violentaron sus derechos de competencia. Explicó que era como un amparo, el INAI es el beneficiado, pero la ley seguía aplicando para los demás.

Al respecto, las ministras Loretta Ortiz Ahfl y Yasmín Esquivel Mossa opinaron que el acuerdo seguía vigente para quienes no lo impugnaron, pero no para el INAI.

Lo anterior, provocó que el ministro Javier Laynez Potisek recordara que el INAI acreditó que ese acuerdo es inconstitucional, pero con la propuesta de la minoría no se podría saber si a los particulares se les iba a poder ofrecer la información solicitada sobre obras emblemáticas.

Cabe mencionar que los efectos emitidos por la Corte no impactarán en el nuevo Decreto que el titular del Ejecutivo Federal emitió el jueves pasado para blindar de nuevo la información de las obras como el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y de aeropuertos.

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Las y los gobernadores de la cuarta transformación y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, se unieron en contra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pues acusaron que algunos ministros y ministras buscan obstruir el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, con intencionalidades políticas para que regrese el antiguo régimen.

Ante las decisiones del ministro Luis María Aguilar para frenar la distribución de los libros de texto gratuitos en algunos estados de oposición y después de que hace unos días publicó un proyecto que después retiró, en el que planteaba la destitución del presidente Andrés Manuel López Obrador, por la omisión de ratificar a una magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los gobernadores lanzaron un comunicado conjunto en contra de la SCJN.

“Las y los gobernadores de los estados de la República y el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, comprometidos con la Cuarta Transformación, expresamos nuestro absoluto rechazo a las conductas de algunos de los y las ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que, con toda intencionalidad política, pretenden obstruir, fuera de sus facultades estrictamente constitucionales y jurídicas, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Su actitud como servidores de grupos de interés y fracciones conservadoras y no del pueblo de México, queda clara al impedir la distribución de los nuevos libros de texto gratuito en algunos estados, al proteger a evasores fiscales y, en lo que es un máximo absurdo, al pretender fallidamente destituir al propio presidente de la República, cuyo mandato proviene directamente de la inmensa mayoría del pueblo y no de las componendas en lo oscuro de unos pocos, como en su caso”.

Los mandatarios de la coalición Morena, PVEM en San Luis Potosí y PES en Morelos criticaron que la SCJN debería representar al pueblo y no a los intereses del antiguo régimen de privilegios, gobiernos en los que acusaron, “esta misma institución destacaba por su sumisión silenciosa, incondicional y vergonzosa a la voluntad de los presidentes de la República en turno”.

Por lo que recalcaron su apoyo al presidente de la República y respaldaron que haya una reforma para que los ministros sean electos por voto popular.

“Expresamos nuestro apoyo sin reservas al presidente de la República, en su convicción de que la Suprema Corte debe caracterizarse por la institucionalidad, la honestidad, la austeridad y el decoro republicano y, sobre todo, por su compromiso con el interés nacional y popular.

“Por ello, nos pronunciamos porque los integrantes de la SCJN sean electos, no ya a través de componendas partidistas y favores presidenciales a unos cuantos, sino a través del voto universal, libre, directo y secreto del pueblo de México, tal y como sucede con los poderes Ejecutivo y Legislativo de la federación”.

Las y los Gobernadores de la 4T rechazamos cualquier medida que vulnere el acceso a la educación de las niñas y niños en México.

Mañana arrancan clases y una nueva etapa para la educación en nuestro país. pic.twitter.com/MH0nXTlxj1

— Marina del Pilar (@MarinadelPilar) August 27, 2023

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El Gobierno Federal ha anunciado su intención de presentar una queja contra el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, por lo que considera una "actuación omisa" en un caso relacionado con una gran empresa que adeuda más de 25 mil millones de pesos en impuestos.

Según el procurador Fiscal de la Federación, Arturo Medina, esta empresa ha evitado el pago de impuestos mediante estrategias legales y retrasos en los litigios, en parte gracias a la participación de la SCJN. El procurador acusa que el ministro Aguilar ha retrasado la resolución del caso, impidiendo que estos recursos regresen a las arcas públicas.

Se afirma que la empresa ha solicitado la intervención de la SCJN en asuntos que podrían ser resueltos por tribunales colegiados, retrasando así la resolución del caso. El procurador señaló que los 25 mil millones de pesos adeudados no han podido ser recuperados durante los últimos 13 años debido a esta situación.

El presidente Andrés Manuel López Obrador respalda la decisión del Gobierno Federal de presentar la queja contra el ministro Aguilar. López Obrador criticó la demora en la resolución del caso y expresó su descontento con la actuación del ministro, sugiriendo que hay un interés particular detrás de esta demora.

Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, detalló que la queja será presentada ante el Pleno de la Corte, y no ante el Consejo de la Judicatura. Se espera que esta acción genere debate sobre la independencia y la transparencia en el sistema judicial en México.

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Después de que la ministra Yasmín Esquivel fuera señalada por plagio en sus tesis de licenciatura y doctorado, el diputado Oscar de Jesús Almaraz Smer (PAN) propuso reformar el artículo 95 de la Constitución para establecer que para ser electo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no se debe tener condena por delito de plagio.

Expresó que es delicado que un abogado postulante a un cargo de ministro haya plagiado de manera dolosa algún documento para obtener niveles educativos.

"Es importante observar y auditar la situación académica con mayor severidad, ya que en ellos recae la investidura de justicia y honestidad", afirmó el legislador.

La ley contempla, acciones y delitos que inhabilitan a un ciudadano para ser ministro, pero falta adicionar una acción como el “plagio”, indicó.

La ley contempla que el robo, fraude, falsificación y abuso de confianza afectan la buena fama de un abogado postulante; y además, si hubiese cometido delito que ameritara pena corporal de más de un año de prisión, éste queda por automático descalificado, ya que no cuenta con los requisitos personales para poder ser ocupante del puesto.

La iniciativa del diputado Almaraz Smer fue turnado a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que planteaba declarar infundada la impugnación del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) contra la omisión del Senado en el nombramiento de los comisionados faltantes.

Por mayoría de 8 votos contra tres, el pleno determinó que sí hay omisión del Senado en los nombramientos y acordó retornar la controversia a un ministro quien realizará un nuevo proyecto que será analizado por el pleno.

Sin embargo, el Instituto Nacional de Transparencia seguirá sin poder sesionar por falta de quórum, por lo menos hasta agosto en que la Corte vuelva a retomar el tema y fije los efectos que permitan operar al INAI.

Contrario a lo señalado por la ministra Loretta Ortiz, la mayoría de los ministros del Alto Tribunal coincidieron que la demora y dilación de 469 días sin nombramientos de comisionados no tiene justificación alguna, y el Senado debe ejercer su facultad de designación.

Los ministros Juan Luis González Alcántara, Luis María Aguilar Morales, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena coincidieron en que existen elementos suficientes para señalar que hay un retraso excesivo y una omisión del Senado, no justificada por el hecho de que se hayan designado a dos comisionados que fueron vetados por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de que la ministra Loretta Ortiz Alhf planteó que el Senado cumplió con los aspectos reglados que le obligan a realizar ciertas actuaciones para el nombramiento de los comisionados del INAI, que no se han logrado los consensos políticos pero ello no constituye una violación, todo ello a nuestra constitución, y que no existe una inactividad total por parte de la demandada.

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Morena presentó una iniciativa de ley ante el pleno de la Comisión Permanente para que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ganen menos que el Presidente de la República, “pues nadie trabaja más que él y su nivel de responsabilidad es mucho mayor al de cualquier funcionario del Poder Judicial y, les guste o no, tienen que ajustarse a la austeridad republicana”.

Las reformas al artículo 94 constitucional propuestas por el diputado Manuel Alejandro Robles Gómez, establecen que:

“La remuneración que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito, los jueces de Distrito y los consejeros de la Judicatura Federal, así como los magistrados Electorales, no podrá ser disminuida durante su encargo, siempre y cuando su remuneración sea menor o igual a la de la persona titular del Poder Ejecutivo”.

Robles Gómez advierte en la exposición de motivos de su iniciativa, que hay una “renuencia de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por bajarse sus salarios”, lo que es una muestra más de su poco compromiso ético y moral con el pueblo de México.

“Es un acto simbólico que demuestra la conversión de la Corte en un poder al servicio del interés personal y de la oligarquía y que no responde a los intereses del pueblo.

“Los ministros de la Suprema Corte de Justicia han demostrado deshonestidad y falta de probidad, así como un actuar poco ético y bajo compromiso social al auto otorgarse amparos para dejar de ajustarse a la Constitución en un abierto conflicto de intereses”, señala.

Argumenta que también violentan principios jurídicos, pues al emitir sus resoluciones respecto de su propia remuneración, “están incurriendo en un abierto conflicto de interés ante la parcialidad evidente, lo cual por lógica no resolvieron en su perjuicio.

Otro de sus argumentos es que a trabajo igual corresponde salario igual. Sin embargo, deben los ministros y todo el gremio judicial hacer la comparación de sus salarios con los titulares de otros poderes, por ejemplo, con el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados o el presidente de la República.

“No es posible que un juez local tenga un salario mayor que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados”, subraya.

El diputado morenista acusa que los ministros han demostrado deshonestidad y falta de probidad, así como un actuar poco ético y bajo compromiso social al otorgar amparos a otros actores que han solicitado esa protección. Protección que, para el caso concreto de esos actores, es inmoral.

“El gremio del Poder Judicial tiene la batalla perdida, pues sus ambiciones personales y de grupo no tienen ningún fundamento constitucional, ético, moral ni social.

“Tienen la batalla perdida contra el pueblo de México y, les guste o no, tendrán que ajustarse a la austeridad republicana pues es un mandato de las y los mexicanos que se cristalizó en 2018 en las urnas con la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador”, sentencia.

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