La ministra Loretta Ortiz Ahlf ha afirmado que la reforma judicial en México es "una transformación muy fuerte" y la más importante de las que ha habido en la historia del país, al igualar el poder judicial con los otros dos poderes del Estado. Señaló que este proceso es único en su envergadura y calado, e incluso más importante que las revoluciones constitucionales anteriores. La ministra enfatizó que la democratización de la elección de los integrantes del poder judicial es la gran trascendencia de este proceso.

La ministra explicó que siempre hay molestia cuando se produce un cambio significativo, y algunos ministros han expresado sus reservas sobre el nuevo procedimiento. Sin embargo, Ortiz Ahlf expresó su decisión de adoptar un enfoque que favorece la democracia al dejar que la ciudadanía elija a los miembros del poder judicial, tanto federal como local. Esto permitirá una mayor conexión entre los jueces y la ciudadanía.

Ortiz Ahlf destacó que la reforma judicial también aborda temas como el nepotismo, la corrupción, el tráfico de influencias, el acoso a mujeres y la violencia contra las mujeres. Además, mencionó que con la reforma, la comunidad indígena ya no puede presentar acciones de inconstitucionalidad, lo que representa una mejora significativa para esta población.

En cuanto a la comunidad LGBT+ y personas con discapacidad, la ministra reconoció que aún quedan pendientes reformas necesarias para contemplar sus derechos y necesidades.

La ministra Loretta Ortiz Ahlf ha sido invitada a hacer conferencias en Tijuana para explicar la reforma judicial y su implementación.

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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres se lanzó contra el informe que presentó hoy la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, aseguró que sólo son los “últimos manotazos por el poder que les quitan".

Esto, luego que Norma Piña en su mensaje afirmó que en los últimos seis años (sexenio de Andrés Manuel López Obrador) se inició una campaña de desprestigio contra los jueces y magistrados.

Además, aseguró que “no es posible saber en este momento cuál será el resultado de esta reforma (judicial)“.

Ante ello, la ministra Lenia Batres aseveró que no hubo “ninguna información de acciones jurisdiccionales", sólo fue un “mensaje de oposición política" y “negación democrática".

“Últimos manotazos de resistencia ante una reforma que les quita un poder que creían de su propiedad", escribió en redes sociales.

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Este lunes, legisladores federales de Movimiento Ciudadano y jueces de Distrito presentaron dos documentos amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con el objetivo de influir en la discusión sobre las acciones de inconstitucionalidad contra la reciente reforma judicial. Estos documentos, conocidos como "amigos de la Corte", exponen argumentos y perspectivas legales para que los ministros consideren al evaluar las impugnaciones.

La diputada Laura Ballesteros y el legislador Armando Ruiz Hernández, ambos de Movimiento Ciudadano, entregaron un documento respaldado por más de 7,000 firmas y anunciaron que mañana sumarán otras 3,000. Ballesteros explicó que su partido busca proteger los derechos laborales de los empleados del Poder Judicial, quienes podrían verse afectados por la reforma. “Una cifra importante es que 12 mil empleados del Poder Judicial son de confianza, y serán los primeros en perder su empleo si se implementa esta reforma. Lo más alarmante es que el 80% de esos 12 mil son mujeres”, comentó.

Por otro lado, Magdalena Victoria Oliva, jueza Quinto de Distrito en Ejecución de Penas en Ciudad de México, entregó un amicus curiae respaldado por jueces, magistrados y personal del Poder Judicial, con apoyo de organismos internacionales. Este documento se dirige al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, encargado de presentar el proyecto sobre la reforma judicial.

“La finalidad es ofrecer una perspectiva desde la Judicatura que refuerce los argumentos del ministro”, explicó Oliva, resaltando que la reforma podría alterar la estructura básica del sistema judicial. “La Suprema Corte tiene la facultad de realizar un análisis constitucional cuando se vulnera la estructura de la Constitución”, agregó.

Entre los participantes que colaboraron en la redacción del amicus figuran jueces como Federico Ariel Bacheto, Luz Elena García Chávez y María del Carmen López Fabián.

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El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que se han recibido las renuncias de ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), entre ellos la presidenta Norma Lucía Piña. El anuncio, realizado a través de redes sociales, sorprendió al Congreso y generó reacciones inmediatas entre los diferentes grupos parlamentarios.

Los ministros que renunciaron, incluyendo a Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo, Javier Laynez, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán, han declinado su participación en el proceso electoral judicial de 2025, por lo que este será su último año en el cargo. La decisión es efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, de acuerdo con lo establecido en la reforma judicial.

Fernández Noroña, refiriéndose a los ministros en su mensaje, instó a que los documentos de renuncia incluyan sus nombres y los llamó “bellacos”, exceptuando a Alberto Pérez Dayán y José Luis González Alcántara Carrancá, quienes presentaron sus renuncias de manera personal. Además, el senador señaló que el documento de González Alcántara fue una “reflexión política” sobre el estado de la judicatura en México, lo cual calificó de interesante.

La reforma judicial, publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) recientemente, establece que las posiciones de jueces, magistrados y ministros deberán elegirse por voto popular. Según fuentes del máximo tribunal, los ministros habrían negociado su retiro con Adán Augusto López, coordinador parlamentario de Morena, bajo la condición de mantener sus haberes de retiro.

En entrevista, Fernández Noroña comentó que el Senado esperará la resolución de la Suprema Corte sobre la validez de la reforma antes de aceptar formalmente las renuncias. Esta decisión de la Corte, señaló, se tomará el próximo martes, coincidiendo con las elecciones presidenciales en Estados Unidos, una fecha que Noroña calificó como una “feliz coincidencia”.

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La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Lenia Batres fue interrumpida por supuestos integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF), durante el foro informativo sobre la reforma judicial.

En el kiosco del parque de la colonia Agrícola Oriental un grupo de personas le gritaron “¡Mentirosa!”, “¡No te queremos en la Corte!”, “¡Hay que estudiar primero!”, mientras los simpatizantes de Morena exclamaron “¡Fuera!”, “¡Respeto!”, “¡No está sola!, “¡No está sola!”.

La ministra aprovechó para saludar a los trabajadores del PJF, “les pido un aplauso”, dijo; los supuestos servidores públicos le respondieron que le debería dar vergüenza, y el moderador del evento expresó a los inconformes que habría un espacio de preguntas y respuestas. Sin embargo, continuaron con los reproches y se retiraron.

En el discurso, Batres Guadarrama manifestó que no sólo es necesario que los impartidores de justicia tengan una formación académica y experiencia. “Lo más importante es que no perdamos la capacidad de indignarnos con la injusticia y tengamos el sentido común de resolverla”.

Consideró urgente que se democratice el PJF y dijo que se requieren ministros, magistrados y jueces que tengan sensibilidad.

“Para esta reforma constitucional es preciso la participación de todos… nos toca, sí, claro que nos toca opinar. No a los que están dentro del Poder Judicial, nos toca a todos.

“El Poder Judicial es un poder público que debe servirle a la sociedad mexicana… Ese es el Poder Judicial que queremos”, expresó acompañada del diputado federal por Morena Hamlet García Almaguer y el maestro en Derecho, Federico Alcalá.

La ministra destacó que la reforma es necesaria no sólo para elegir por voto popular a quienes imparten justicia, también para hacer que en el PJF se respete el límite salarial para funcionarios.

Remarcó que es urgente que se hagan públicas las sesiones privadas de la SCJN, en las que se discuten y acuerdan temas relevantes como los amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica.

La ministra recordó otros fallos recientes de la Corte, como el que negó la protección de la justicia federal en contra de la invasión de terrenos del vaso del lago de Chapala, en Jalisco; o donde rechazó revisar el amparo de un extrabajador de la Ruta 100, quien pedía se le otorgara una pensión por edad y años de servicio.

Expresó que más de 2 mil 300 personas dentro del PJF perciben más salario que el Presidente y quienes se supone deben proteger que se respete la Constitución son los primeros en violarla.

Comentó que la reforma al PJF básicamente aborda varios puntos: la elección de ministras, ministros, magistradas, magistrados, juezas y jueces federales, un universo de alrededor de mil 800 personas, se busca que se elijan por el voto popular.

“En realidad se plantea que proponga 10 candidatos el Poder Judicial, 10 candidatos el Legislativo y 10 candidatos el Ejecutivo, con lo que se hacen 30 candidatos, sobre 30 candidatos se plantea escoger a nueve ministros. Todavía está por definir a los magistrados y jueces.

“No se modifican los requisitos técnicos: ser licenciado en Derecho, tener 10 años de experiencia en el ejercicio de la profesión, no haber sido secretario de Estado, legislador, gobernador en los dos últimos años, tener buena fama pública”, expresó.

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