La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 118/2022 al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a cargo de Zoé Robledo, luego de que a una mujer le fueron amputadas sus piernas, se le quitó el útero y le extirparon el ovario derecho en un hospital de Querétaro, en lo que el organismo autónomo consideró que la atención otorgada “no fue oportuna ni adecuada”.

De acuerdo con el expediente CNDH/4/2019/5817/Q, una mujer de 27 años interpuso una queja en contra de personal adscrito a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) 9 y al Hospital General Regional (HGR) 1 del IMSS, en Querétaro, por una deficiente atención médica durante un legrado para retirar un Dispositivo Intrauterino (DIU) "traslocado" en septiembre de 2018, que le ocasionó una infección y en consecuencia 3 paros cardiacos, extirpación del útero y del ovario derecho.

La queja refiere que también se le amputaron las piernas, “sin que se le otorgara un seguimiento adecuado a su condición clínica y sin que decidieran la especialidad médica que debía atenderla, considerando si correspondía a traumatismo y ortopedia o bien a angiología, por lo que se le omitió proporcionarle la fisioterapia que requería en ese momento”.

“Conforme a la ampliación de Opinión Médica elaborada por personal de esta Comisión Nacional, el DIU se retiró con pinzas, sin que se realizara legrado uterino instrumental ni con laparotomía que es la recomendación en el caso de DIU traslocado, además de que la víctima continuó con molestias abdominales que desencadenaron una sepsis. Por lo anterior este Organismo Autónomo considera que la atención otorgada a la víctima no fue oportuna ni adecuada”, refiere la recomendación.

Agrega que el retiro del DIU se llevó a cabo por autoridad responsable “a ciegas”.

Días después, la paciente se presentó con dolor lumbar y el padecimiento se anotó como antecedente al procedimiento de retiro de DIU “sin llevar a cabo algún análisis, rayos X o ultrasonido”, por lo que le fue diagnosticada “lumbalgia aguda”, recetando únicamente medicamentos para controlar el dolor, además que no se revisó el retiro del DIU.

Debido a que el dolor lumbar y abdominal continuaba, además de presentar náuseas, vómito y diarrea, el 2 de octubre de 2018, la joven se presentó en el área de urgencias de la UMF 9 por la noche, siendo enviada al HGR 1, donde ingresó con datos de choque hipovolémico 11, gastroenteritis infecciosa y deshidratación severa; perdió el conocimiento y después supo que fue un paro cardiaco y despertó en el HGR 1, dado que fue trasladada de emergencia, además de que se encontraron evidencias de que se llevaron a cabo maniobras de reanimación por 30 minutos.

Tras varios procedimientos mientras permanecía internada, al quinto día, el 7 de octubre de 2018, la mujer seguía grave con fiebre alta, tenía un drenaje abdominal, recuento bajo de plaquetas, salida vaginal de líquido fétido y muerte de tejido en dedos del pie derecho y en tobillo izquierdo, “pronosticándola como grave”, llevándose a cabo el 17 de ese mes la cirugía para realizar amputación.

Al realizarle otras cirugías y al egresar del hospital el 28 de octubre de 2018, el estado de salud de la paciente se describió con lesión renal aguda, colocación de marcapasos temporal, presentaba aún piel tipo con manchas moradas en ambas piernas, “por lo que se consideró realizar posteriormente una segunda amputación, para observar si existía daño cerebral por el tiempo de paro cardiaco le realizaron una tomografía computarizada craneal”.

Egresó del hospital el 1 de noviembre de 2018, siendo trasladada en ambulancia a su domicilio.

“El 15 de junio de 2019, se le realizó la amputación de la pierna izquierda, retirando parte de ésta hasta la pantorrilla”.

La CNDH llamó también a atender la salud emocional de la paciente como parte integral del derecho a la salud porque “no debe dejarse de lado, más en el caso que nos ocupa de una paciente que tuvo como resultado la amputación de ambas piernas”.

“Este tipo de procesos para una mujer joven pueden ser complejos, presentando dolor fantasma, depresión, ansiedad, trastornos postraumáticos, entre otros”, refirió.

Se resolvió que vulneraron el derecho humano de la joven a la protección de la salud por inadecuada atención médica y su derecho a la salud sexual y reproductiva.

“Era una mujer independiente económicamente que vivía en una casa con sus 2 hijos, tenía un trabajo, proyectaba comprarse su propia casa a través de un crédito con el fin de continuar la relación de pareja que en ese momento tenía, por lo que después de la sepsis que le provocó le realizar histerectomía y amputación de ambas piernas, su vida cambió por completo al tener que adaptarse primariamente a una discapacidad permanente que la limita en su movimiento, incidiendo directamente en su autonomía.

“Actualmente su vida es muy diferente, a pesar de tener una pensión por el IMSS, con ésta no cubre el mínimo vital necesario para aspectos como la salud,alimentación, vivienda, educación y recreación, tanto de ella como de sus 2 hijos, lo que la ha hecho depender económicamente y del cuidado de V4, su abuela y de la pareja de ésta, apoyándola con la vivienda”, describió la CNDH.

Una paciente del @Tu_IMSS en #Querétaro sufrió la amputación de ambas piernas e histerectomía a consecuencia de un diagnóstico erróneo; emitimos la #Recomendación 118/2022 solicitando la reparación del daño a la víctima.

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— CNDH en México (@CNDH) July 5, 2022

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En una desgarradora búsqueda de justicia, Antoinette Eddings clama por reparaciones después de sufrir complicaciones graves postquirúrgicas que han puesto su vida en riesgo, así lo informó la paciente quien anunció una batalla penal, y ante instituciones como derechos humanos, Coepris, la Conamed y organismos médicos locales, regionales, nacionales e internacionales. 

La paciente relató que todo comenzó cuando se sometió a una cirugía de reducción de senos en la Clínica Ciplastic a manos del Dr. Hermes Avila Pelayo, quien fue dada de alta a la semana de la cirugía.

Durante más de 5 semanas consecutivos, señaló, visité las oficinas de la Clínica, además les envié fotografías, audios, mensajes e hice llamadas al Dr. Hermes Avila Pelayo, que me cobró casi 7 mil dólares, y las respuestas de su oficina fueron inadecuadas, fueron insuficientes, irresponsables e insensibles, fuera de toda ética médica y violentando completamente mis derechos, señaló.

La situación, dijo Eddings, se deterioró rápidamente, cuando al día siguiente de la cirugía, notó que su incisión se había abierto y sangraba, un hecho que comunicó inmediatamente al equipo médico a través de fotografías, sin embargo, la respuesta fue lenta e inadecuada, sumiéndola en un estado de dolor y angustia constantes.

Eddings refirió que los días siguientes estuvieron marcados por una falta de atención adecuada, donde las heridas no solo se abrieron más, sino que también desarrolló infecciones severas, lo que resultó en un sufrimiento incesante. 

"A pesar de los numerosos mensajes y fotografías enviados a la clínica, describiendo el empeoramiento de mi condición y la secreción de líquido amarillo grueso de las heridas, las medidas tomadas por los médicos de Ciplastic fueron insuficientes y tardías" dijo.

La paciente indicó que fue solo después de un ultrasonido autoiniciado que reveló una infección severa, que recibió algún tipo de tratamiento dirigido, aunque aún ineficaz, donde la intervención final de otro médico, quien diagnosticó una infección por candida albicans y ajustó el tratamiento, se marcó un punto de inflexión en su recuperación.

Desilusionada y traicionada por la falta de cuidado y atención por parte de la Clínica Ciplastic, Eddings inició procesos jurídicos penales, mercantiles y ante múltiples instancias para buscar justicia y reembolso por los daños sufridos y los costos incurridos, incluyendo los tratamientos de emergencia y la cirugía reconstructiva necesaria debido a las consecuencias de la operación inicial.

Explicó que los costos podrían alcanzar más de 20 mil dólares por la gravedad en la que se encuentra y los costos post operatorios.

Puntualizó que una de las metas principales, es evitar que esa Clínica y médicos como Hermes Ávila Pelayo continúen dañando a personas que ponen su confianza y seguridad en sus manos.

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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acusó que en la Marcha de la Democracia, realizada el 18 de febrero pasado, se reprodujeron expresiones y discursos racistas y clasistas.

“Vistos desde una perspectiva de derechos humanos, atentan contra el Derecho a la Democracia, al normalizar la discriminación contra ciertos sectores de la población nacional y extranjera, además de mostrarse fehacientemente, el impulso a una o varias campañas negras o guerras sucias como instrumento para la manipulación electoral, como ha pasado en otros momentos del pasado”, señaló.

Dijo que en los medios de comunicación se presenta una campaña sucia a partir del supuesto de que la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006 recibió financiamiento del narcotráfico.

“Este mismo tipo de campañas de desinformación han sido utilizadas en diversos países de Latinoamérica, como es el caso de Colombia, Argentina y sobre todo, en el golpe de Estado sufrido por el gobierno de Evo Morales en Bolivia y, recientemente, el de Perú”, mencionó.

En su “Primer Informe sobre violencia política para la protección y defensa del derecho a la democracia”, la Comisión Nacional anunció que construirá un registro institucional que dará seguimiento a las campañas, a los discursos de las y los candidatos, las plataformas y propuestas, los spots y la propaganda, y a los eventos, así como a las noticias y opiniones emitidas en medios de comunicación y redes sociales.

Sostuvo que ese registro tiene como finalidad “identificar las diversas manifestaciones que puedan poner en riesgo el ejercicio del Derecho a la Democracia, para emitir alertas preventivas que eviten que se consumen o se repitan, e incidan negativamente en el proceso electoral 2024”.

Aseguró que el país no enfrenta una polarización, aunque acusó que algunos actores políticos la están generando tal como existía en el pasado por cuestiones de estrategia electoral.

“No estamos ante un escenario de polarización, pero que se nos quiere llevar a él por estrategia electoral de algunos actores. La polarización de un país se da cuando éste se parte en dos, ya lo hemos vivido en el pasado; y lo que tenemos hoy es una amplia mayoría de ciudadanas y ciudadanos informados y conscientes, que creen en la democracia como la vía de la transformación, por lo que justo eso es lo que debemos de preservar en los próximos meses”, dijo.

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Tras la denuncia de los familiares de la paciente que perdió la vida por presunta negligencia en la clínica 1 del IMSS, la delegada en Baja California, Desireé Sagarnaga Durante, informó que se reunieron con los afectados y esperarán el resultado de la investigación por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). 

La delegada pidió a los derechohabientes que tengan confianza con la institución pues señala que es un hecho aislado en la institución.

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"En este caso no fue ninguna falta de recurso, no es que haya fallado ningún equipo, vamos analizar con expertos abogados y médicos", expresó Sagarnaga 

Indicó que por el momento los médicos Martin García y Antonio Tadeo, responsables de la intervención quirúrgica continuarán laborando en la clínica y podrían ser suspendidos en caso de que la FGR los señale culpables.

"Confíen en que las autoridades y los propios trabajadores en acuerdo con Sindicato no vamos a dejar que esto sea impune no se va a ocultar nada pero además nos impulsa aún más a mejorar", apuntó

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Porque ya no “responde a las necesidades del pueblo”, la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, pidió desaparecer este organismo, fundado en 1990, para crear la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo.

“Nos mantenemos firmes en la idea de transformar de raíz a esta Comisión Nacional, que ya no responde a las necesidades del pueblo mexicano. Estamos convencidos de que es necesario que la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo emerja como una institución nueva”, dijo.

En el mensaje que dirigió a los y las legisladoras de la Comisión Permanente con motivo de su informe anual de actividades, señaló que la CNDH llegó al quinto año de su gestión con un modelo distinto de defensa de los derechos humanos, y con el marco normativo y operativo mínimo necesario para hacer de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que heredó el neoliberalismo, la Defensoría Nacional de los Derechos del Pueblo, “que desde hace años reclaman las y los mexicanos”.

“En 2023 logramos avanzar decisivamente en su transformación, de manera que hoy, el pueblo sabe, las víctimas saben, que pueden acudir a nosotros y encontrarán respuesta a sus quejas. Durante los últimos 4 años hemos antepuesto, frente a todo, el interés de las víctimas, y hemos procurado prevenir cuando percibimos los casos en los que están en riesgo de serlo.

“Parece fácil, pero han sido 4 años de empuje permanente para dejar atrás una dinámica institucional hecha para la simulación y el burocratismo, absolutamente funcional al acuerdo de impunidad y silencio prevaleciente entre autoridades en los pasados 70 años”, enfatizó.

Piedra Ibarra sostuvo que “somos el único órgano constitucional autónomo que ha emprendido su transformación, por iniciativa propia, para dejar atrás ese esquema que nos impuso el neoliberalismo y crear otra institución que realmente le sirva al pueblo mexicano.

“Derribamos el mito de los órganos autónomos que necesitan burocracias doradas y presupuestos obesos para cumplir su supuesta misión.

“Mientras otros han emprendido batallas para defender sus grandes sueldos y prebendas, nosotros redujimos nuestro presupuesto, combatimos la corrupción, desterramos los privilegios de los altos mandos, eliminamos los guardaespaldas y donamos sus seis armas a la Secretaría de la Defensa Nacional; redujimos el parque vehicular, eliminando los automóviles para uso particular, incluidas las camionetas blindadas asignadas a la presidencia; y el comedor que se tenía para el servicio exclusivo de la presidencia con una chef, es ahora un comedor colectivo que ofrece alimento gratuito a más de 200 trabajadores”.

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Una paciente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) perdió la vida tras una negligencia de la institución, aseguran sus familiares quienes se manifestaron este miércoles a las afueras de la clínica 1 en la ciudad de Tijuana. 

Yuliana Morales Mejía, familiar de la paciente mencionó que fue en el mes de junio cuando la intervinieron en una operación de vesícula tras la detección de piedras.

A unas semanas de la operación acudió a la clínica debido a dolores que presentó en el área de la vesícula y médicos le comentaron que eran síntomas normales posterior a la intervención quirúrgica.

La sobrina de la paciente, relató que a finales del mes de noviembre los síntomas fueron más severos y los médicos únicamente le recetaban medicamentos por una supuesta infección.

Fue hasta el mes de diciembre cuando le realizaron una tomografía en la que detectaron que habían dejado una gasa en su cuerpo cuando los médicos de nombre Martín García y Antonio Tadeo practicaron la cirugía.

"Hasta ahora no han dado respuesta no se han presentado con nosotros más que una simple disculpa y no hicieron más en el caso", dijo entre llanto Yuliana. 

La paciente estuvo internada desde el 16 de diciembre del 2023 y falleció este martes 23 de enero, por lo que sus familiares interpusieron una denuncia por negligencia médica en contra del IMSS ante la Fiscalía General de la República (FGR). 

"Pedimos que se haga justicia por ella y por las demás personas que jamás pudieron alzar la voz", expresó Morales.

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