Sordos en México: Derechos, sí, caridad, no
“Con las manos hablamos y con los ojos escuchamos”, es la frase que se lee en los carteles pegados dentro de la Fundación Nacional para Sordos María Sosa (Funapas); una casa acondicionada para educar a más de 40 niños con discapacidad auditiva.
En el país existen 2.4 millones de mexicanos sordos, de los cuales, 84 mil 957 son menores de 14 años. De estos, sólo 64% asiste a la escuela, según datos de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014.
Otros de los sectores de la población más rezagada son los 124 mil 554 jóvenes sordos de entre 15 y 29 años, el 28% de ellos, no tuvieron ningún tipo de educación. Para los 597 mil 566 sordos en edad adulta, que tienen entre 30 y 59 años, el contexto no es tan diferente, el 14% nunca fue a la escuela.
Organizaciones como Funapas buscan acabar con estas cifras.“Estamos haciendo el trabajo que el gobierno debería hacer”, explica Genoveva Rivera, directora de la institución. A pesar de que muchos de los sordos que llegan a Funapas tienen su certificado de primaria o secundaria, expedido por la SEP, hay un alto porcentaje que tiene rezagos en temas como sumar, comprensión de lectura y e historia, asegura Rivera.
“Lo único que necesitan es la comunicación. A partir de ahí, ellos se pueden desarrollar como cualquier otro niño. En las escuelas se debe hablar su lenguaje. Lo importante es que se difunda más la lengua de señas”. Afirma la directora.
La falta de lugares especiales en donde se les transmitan los conocimientos mediante lenguaje de señas repercute en su desarrollo profesional. Únicamente tres de cada 10 jóvenes sordos, obtienen recursos para vivir mediante un trabajo fijo. El 67% tienen que buscar ingresos por otros medios como programas de gobierno o pensiones. En los adultos la situación es similar, la mitad no cuentan con recursos económicos propios.
El rezago educativo al que se enfrentan muchas veces es el resultado de su paso por escuelas para oyentes o de los Centro de Atención Múltiple (CAM), pertenecientes a la SEP, en donde suelen ser excluidos o aprueban los grados sin que se les exija demostrar sus conocimientos.
En el país todavía hay una visión de altruismo y caridad hacia las personas que no escuchan, lo cual dificulta sean asumidas como personas con derechos. “Tenemos que dejar de entender la discapacidad como una patología o como una llamada al altruismo, y comenzar a mirarla como una expresión de la diversidad”, añade Mauricio Melgar, analista de la CNDH.